La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador detuvo a tres hombres acusados de estafar a una familia con la supuesta venta de un vehículo alquilado, tras recibir un adelanto de USD 11.000 y agredir a las víctimas cuando intentaron recuperar el dinero.
Según el reporte policial difundido este domingo 21 de junio, al descubrir el engaño la familia reclamó la devolución del pago y los sospechosos les agredieron. Uno de los afectados sufrió heridas con una navaja, fue trasladado a un hospital y permanece estable.
Los agentes de seguridad indicaron que el encuentro para la entrega del carro se pactó la noche anterior en el departamento de La Libertad, distrito de Quezaltepeque, pero las víctimas fueron llevadas con engaños al caserío La Angostura, cantón Santa Bárbara, distrito El Paraíso, en el departamento de Chalatenango (al norte del territorio salvadoreño).
¿Cómo se localizaron a los sospechosos?
Con tareas de investigación e inteligencia, la institución informó que los sospechosos fueron ubicados en flagrancia en Lourdes, del distrito de Colón, en La Libertad Oeste. Los identificó como Carlos Armando M. P., de 28 años; Gerson Alexander E. O., de 27; y Demar Hander F. P., de 42. Serán remitidos por intento de homicidio, privación de libertad, estafa y agrupaciones ilícitas.
La PNC pidió a la población que acuda a sus delegaciones si ha sido víctima de los detenidos.
Normativas vigentes
El Código Penal de El Salvador castiga la estafa y la privación de libertad como delitos distintos, con penas que van de 1 a 8 años de prisión según la conducta y sus agravantes, y traza una frontera decisiva entre el fraude penal y el simple incumplimiento de una deuda civil: para que haya estafa, el engaño debe existir antes de que la víctima entregue su dinero o sus bienes.
La escala penal más alta dentro del material analizado corresponde a la estafa agravada, sancionada con entre 5 y 8 años de cárcel. La modalidad básica, en cambio, prevé entre dos y cinco años cuando el perjuicio económico supera 200 colones o su equivalente en dólares.
Según la regulación descrita, la estafa integra los delitos contra el patrimonio. La ley salvadoreña diferencia la figura básica, la forma agravada y otras modalidades específicas definidas por el medio utilizado o por la dimensión del perjuicio causado.
El artículo 215 del Código Penal define la estafa simple cuando una persona obtiene un provecho injusto en perjuicio de otra mediante engaño. Para que el caso sea penal y no un conflicto civil, la jurisprudencia de la Sala de lo Penal exige una secuencia precisa de hechos.
Ese orden empieza con el engaño o ardid: el autor debe simular hechos falsos o deformar la verdad antes de recibir el dinero. Después viene el acto de disposición patrimonial, cuando la víctima, inducida por ese engaño, entrega voluntariamente sus recursos o bienes, y finalmente debe existir un perjuicio económico real.
Ese criterio es el que separa una deuda común de una estafa. Si una persona recibe un préstamo o firma un contrato de buena fe y luego no puede pagar por problemas económicos, el asunto es civil; para que la Fiscalía General de la República actúe penalmente, debe demostrarse que el engaño fue planeado desde el inicio con intención de no cumplir.
Sobre la privación de libertad, la modalidad básica de ese delito, regulada en el artículo 148, se configura cuando una persona encierra o detiene a otra sin orden legal o sin tener derecho para hacerlo. La pena prevista es de 1 a 3 años de prisión. La misma disposición incluye una reducción excepcional del castigo si el autor libera voluntariamente a la víctima dentro de los primeros tres días de cautiverio, sin haber conseguido el fin que perseguía ni haber causado otro daño.
