El excandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, rechazó este jueves los señalamientos derivados de la fiscalización de su campaña electoral de 2025 y aseguró que continuará participando en política pese a la sanción anunciada por la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), conocida como Política Limpia.
Nasralla sostuvo que presentó su informe “en tiempo y forma” y que la resolución contiene observaciones de carácter administrativo y documental que serán impugnadas por su equipo legal.
Su defensa insiste en que el expediente no demuestra apropiación de recursos de campaña ni constituye una sentencia penal.
Horas después de sus declaraciones, la UFTF oficializó una multa de L146,457,720, equivalentes a aproximadamente US$5.45 millones, relacionada con 21 aportaciones privadas que sumaban L73,228,860 y que, según la entidad, no fueron notificadas oportunamente conforme a la normativa.
La UFTF explicó que la sanción corresponde al doble del monto de las aportaciones cuestionadas.
Según la institución, el responsable financiero de la campaña fue notificado durante el proceso de revisión y posteriormente presentó descargos y documentación. Sin embargo, la entidad determinó que esos elementos no subsanaron la infracción dentro del tiempo establecido.
La resolución todavía puede ser apelada. Nasralla dispone de tres días hábiles para interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), por lo que el caso aún puede pasar a una nueva instancia administrativa-electoral.
Nasralla planteó varias objeciones jurídicas. Entre ellas, cuestionó la divulgación de información antes de que el procedimiento estuviera concluido, la integración del pleno de comisionados que conoció el caso y el sustento normativo utilizado para imponer la sanción.
También sostuvo que se habría aplicado una disposición reglamentaria vinculada al proceso electoral de 2017 y afirmó que sus abogados revisarán si esa normativa podía utilizarse para hechos correspondientes a las elecciones generales de 2025.
Esas afirmaciones forman parte de la defensa de Nasralla y todavía no han sido resueltas por el TJE ni por otra autoridad competente.
“Lo que quieren es inhabilitarme”
El excandidato fue más allá de los argumentos legales y atribuyó un posible objetivo político al proceso.
Nasralla afirmó que sectores del Partido Nacional y de su propio Partido Liberal buscarían impedirle competir nuevamente en las elecciones de 2029.
“No me van a sacar de la competencia”, aseguró, al reiterar que continuará buscando espacios de liderazgo dentro del liberalismo.
La acusación de una persecución política es, por ahora, una interpretación de Nasralla. La UFTF, por su parte, ha presentado el caso como parte de una fiscalización más amplia de las finanzas electorales.
La UFTF informó que 556 sujetos obligados no presentaron sus informes financieros después de las elecciones generales de 2025. De un total de 2,116 candidatos, alrededor del 73% cumplió con la presentación correspondiente.
Además de Nasralla, otros candidatos y funcionarios electos enfrentan sanciones administrativas por incumplimientos relacionados con sus informes financieros.
Eso significa que la revisión no estuvo dirigida exclusivamente contra el excandidato liberal, aunque su multa es significativamente mayor debido al monto de las aportaciones observadas.
El caso entra así en dos terrenos paralelos. Por un lado, estará la discusión jurídica sobre si la UFTF aplicó correctamente la normativa y si la sanción debe mantenerse, modificarse o revocarse.
Por otro, continuará la disputa política dentro del Partido Liberal, donde Nasralla ha expresado su intención de competir por el control del Consejo Central Ejecutivo.
La resolución de Política Limpia no equivale por sí sola a una inhabilitación política ni a una condena penal. Pero sí abre un conflicto que probablemente acompañará a Nasralla durante los próximos meses y que podría tener consecuencias sobre su estrategia de cara a 2029.
