El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador impuso una condena de diez años de prisión a Oscar Antonio Alvarado Mancía, de 54 años, por tentativa de feminicidio agravado en perjuicio de su expareja, una joven de 22 años. La resolución se sustenta en un proceso judicial que evidenció una cadena de agresiones, incluyendo violencia económica, psicológica y emocional.
Según la investigación, Alvarado Mancía sostenía una doble vida: estaba casado y, al mismo tiempo, mantenía una relación paralela con la víctima. La joven accedió a la relación bajo promesas de matrimonio y de formar una familia. Sin embargo, la convivencia se tornó violenta cuando el imputado comenzó a exigirle jornadas laborales extenuantes sin aportar económicamente. El control y el maltrato psicológico se sumaron a la violencia económica, configurando un entorno hostil para la víctima. Frente a esta situación, la joven decidió terminar la relación tras dos años de convivencia.
El 10 de mayo de 2025, la víctima caminaba hacia su casa cuando Alvarado Mancia la interceptó en un camino rural del asentamiento El Refugio, carretera a Jayaque, en La Libertad. Aprovechando lo solitario del lugar, el agresor la esperó armado con un corvo y, al verla llegar, la atacó mientras la acusaba por haber puesto fin a la relación y la amenazaba de muerte. La víctima intentó huir al percatarse del peligro, pero el hombre la alcanzó y la agredió con el arma, causándole varias heridas. Las pericias confirmaron que la joven sufrió lesiones de defensa al intentar evadir el ataque y que, a raíz del hecho, desarrolló estrés postraumático.
Durante el juicio, el tribunal determinó que la víctima se encontraba en una situación de vulnerabilidad, no solo por la diferencia de edad, sino también por el sometimiento y control ejercidos a través de violencia psicológica, emocional y económica. El juzgado valoró estos elementos como agravantes y, tras el desfile probatorio, dictó la pena de diez años de prisión para el agresor.
Penas y marcos legales en El Salvador
El Código Penal de El Salvador, en su artículo 45, establece que el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa es sancionado con penas que van desde los 10 hasta los 50 años de prisión, dependiendo de las circunstancias y agravantes del caso. Además, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) contempla medidas de protección y sanciones para quienes ejerzan cualquier tipo de violencia—incluyendo la económica, psicológica y emocional—contra las mujeres. Esta legislación reconoce como agravantes la relación de poder, la vulnerabilidad de la víctima y la reincidencia en conductas violentas.
La LEIV define la violencia económica como cualquier acción que limite, obstaculice o niegue el acceso de la mujer a recursos económicos, bienes o derechos laborales. La violencia psicológica se refiere a los actos que causan daño emocional, disminuyen la autoestima o buscan controlar las decisiones de la víctima. Ambas formas de violencia están penadas y constituyen fundamento para agravar las sanciones, tal como ocurrió en este caso.
La sentencia contra Alvarado Mancia subraya la importancia de la perspectiva de género en la administración de justicia, así como la vigencia de los marcos legales diseñados para proteger a las mujeres de la violencia en todas sus formas. El fallo envía un mensaje claro sobre la necesidad de erradicar la impunidad y garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres salvadoreñas.
