Con la meta de convertir los compromisos regionales en medidas de conservación, financiamiento y apoyo a las comunidades, Panamá se prepara el Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas de 2027.
El encuentro se realizará en septiembre del próximo año y reunirá a representantes de la comunidad internacional de protección de la biodiversidad.
El país ya rebasa el objetivo de conservar el 30% de las áreas terrestres, aguas continentales y zonas marinas y costeras antes de 2030.
Panamá protege el 33% de su territorio terrestre y el 54% de su mar territorial, aunque busca mejorar la conectividad ecológica, el monitoreo y la gestión de sus zonas protegidas.
Recientemente las autoridades ambientales, representantes de pueblos indígenas, científicos y organismos de cooperación participaron en Mérida, México, del Foro Regional “Mesoamérica hacia el 30×30”.
La reunión tuvo como objetivo construir una hoja de ruta para cumplir la Meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal. El acuerdo plantea conservar y gestionar de manera eficaz, antes de 2030, al menos el 30% de los ecosistemas terrestres, las aguas continentales y las áreas marinas y costeras.
El viceministro de Ambiente, Oscar Vallarino, presentó los avances panameños en materia de protección de la biodiversidad y expuso los desafíos que persisten para lograr una conservación con presencia territorial, recursos sostenibles y participación comunitaria.
La cita regional fue organizada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Banco de Desarrollo Alemán y el Gobierno de Canadá respaldaron la iniciativa.
Uno de los ejes de la intervención de Vallarino fue el trabajo conjunto entre Panamá y Costa Rica en el Parque Internacional La Amistad (PILA), un territorio de conservación que ambos países administran mediante mecanismos de coordinación binacional.
El viceministro señaló que la Unidad Técnica Binacional del PILA, conocida como UTEB-PILA, permite sostener una visión compartida entre las instituciones, coordinar acciones técnicas y mantener una gobernanza transfronteriza.
“Actualmente, ambos países cuentan con un Plan de Manejo Binacional que orienta acciones conjuntas en control, vigilancia, monitoreo, investigación, cambio climático, participación comunitaria y fortalecimiento institucional”, afirmó Vallarino.
El plan concentra la gestión en tareas que incluyen la protección del área, el seguimiento de sus ecosistemas y el vínculo con las comunidades de la zona. La cooperación entre los dos países busca sostener esas labores a largo plazo.
El Programa Enlazando el Paisaje Centroamericano aportó $851.789,08 desde 2021 para reforzar la efectividad del manejo, la conectividad y la gobernanza del PILA y de San San Pond Sak.
La iniciativa cuenta con financiamiento del Banco de Desarrollo Alemán y ejecución de la UICN. Los recursos se destinaron a respaldar la protección de dos espacios que forman parte de los esfuerzos regionales por preservar corredores ecológicos.
Durante el foro, Vallarino también destacó el papel del Fondo Panamá Natural en el impulso de medidas vinculadas con el objetivo 30×30 y con las poblaciones que viven cerca de los territorios conservados.
“El Fondo contribuye a acelerar la implementación del 30×30 en Panamá, articulando la conservación efectiva, el financiamiento sostenible y el desarrollo comunitario”, sostuvo el viceministro.
El funcionario planteó que el cumplimiento de la Meta 3 no debe limitarse a una superficie bajo protección. La intención es que las áreas se mantengan conservadas de forma permanente y que las comunidades relacionadas con esos territorios cuenten con medios de vida fortalecidos.
Panamá ha puesto en marcha estrategias para reducir las brechas de conservación. Entre los objetivos pendientes figura el fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap).
Las autoridades buscan mejorar la representación de los ecosistemas dentro de ese sistema y ampliar la conectividad entre las zonas protegidas. También aspiran a reforzar el monitoreo, la infraestructura, el control y la vigilancia.
El fortalecimiento de los sistemas de información, la ciencia y el Estado de derecho ambiental completa los puntos identificados por los asistentes al encuentro de Mérida.
