La dictadora Rosario Murillo confirmó este martes que el Parlamento de Nicaragua celebrará sesiones especiales con distintos organismos para asegurar “los pasos constitucionales, legales y formales” de las reformas que realizarán para consolidar el poder absoluto. Según su descripción, esos cambios apuntan a consolidar “bases jurídicas para la institucionalidad y para los mecanismos de elección de autoridades en el plano nacional y local”.
Ese fue el núcleo de su anuncio: la apertura de un proceso de trabajo entre la Asamblea Nacional y otras instancias estatales, en cumplimiento de “orientaciones presidenciales”, luego que Daniel Ortega anunciara el domingo que ya no realizarán elecciones en Nicaragua. En su exposición no precisó plazos, contenido puntual de las reformas ni qué organismos participarán en esas reuniones.
Murillo encuadró esa decisión dentro de una narrativa política más amplia. Afirmó que el “gobierno del pueblo presidente” debe ordenarse de acuerdo con las urgencias y con el Plan Nacional de Desarrollo Humano y de Liberación de la Pobreza, y agregó que el sistema de Estado y gobierno se propone reorganizarse para asegurar estabilidad en visión, operatividad y continuidad.
Murillo dijo que la Asamblea fue convocada para cumplir “mandatos” recibidos desde 1979 y afirmó que las decisiones sobre la soberanía nacional competen solo a los nicaragüenses. En esa línea, presentó el trabajo legislativo como parte de una reorganización del Estado y del gobierno que, según su exposición, busca garantizar continuidad, operatividad y respuesta a urgencias materiales, culturales y espirituales de la población.
El abogado constitucionalista Juan Diego Barberena afirmó que el régimen de Nicaragua busca eliminar cualquier espacio de disputa que ponga en riesgo su poder. Según Barberena, esta postura refleja miedo y una intención de asegurar la sucesión, incluso mediante un sistema cuasi monárquico. El anuncio oficial de revisar todo el sistema electoral, incluyendo las elecciones en todos los niveles, anticipa cambios profundos que, según el jurista, podrían acercarse al modelo cubano, aunque con matices presidencialistas.
La dictadora también defendió este martes el régimen y en su discurso calificó como “lenguas infames” a quienes cuestionan al Gobierno y aseguró que el país vive “grandes tiempos y tiempos de victoria” bajo el actual régimen.
Murillo se refirió abiertamente a los opositores y exiliados como personas que “alguna vez fueron nicaragüenses y por supuesto que ya no son”, en una intervención difundida por medios estatales. Destacó que, según su visión, Nicaragua atraviesa una etapa de logros y consolidación de su modelo, mencionando que “amanecimos, amanecemos y vamos adelante, construyendo el porvenir”.
En su mensaje, la dictadora insistió en que “los insultos llegan desde el vacío”, en alusión a las críticas provenientes de sectores disidentes y de exiliados políticos.
“A palabras necias y sobre todo a esos rostros discordantes, esos rostros de quienes alguna vez fueron nicaragüenses y por supuesto que ya no son”, recalcó la dictadora, reafirmando la narrativa oficial que descalifica a quienes se oponen al régimen.
De acuerdo con la transmisión oficial del mensaje por medios sandinistas, Murillo subrayó que el Ejecutivo no se detendrá ante cuestionamientos y que mantendrá su hoja de ruta. “Oídos sordos. Y por supuesto, que continuar caminando. Porque como sabemos, si los perros ladran es porque caminamos”, afirmó, utilizando una frase que suele emplearse en el discurso político nicaragüense para desacreditar las críticas de entidades internacionales y reforzar la idea de avance pese a la oposición.
Murillo mencionó en el mensaje que la Asamblea Nacional comenzará a reunirse con organismos del Estado para preparar un plan de trabajo orientado a reformas que, según dijo, deben asegurar la continuidad institucional, la estabilidad y los procesos de elección de autoridades nacionales y locales. En el mismo mensaje, presentado como una defensa de la soberanía del país y del modelo de gobierno vigente, vinculó esa iniciativa con la preservación de la paz, la seguridad y las políticas contra la pobreza.
La intervención combinó la descalificación de voces críticas con una defensa de la necesidad de “resguardar” la estabilidad interna en un escenario internacional que describió como marcado por guerras, incertidumbre e inestabilidad. Bajo ese argumento, sostuvo que las reformas en estudio deberán dar sustento jurídico a las prácticas políticas y a los procesos electorales del país.
